Austeridad en la JEP: recortarán seguridad y gastos por miles de millones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una reestructuración de sus gastos que contempla el traslado a una sede más pequeña, la reducción de contratos y modificaciones en los esquemas de protección de sus funcionarios y de las personas vinculadas a sus procesos. El anuncio fue realizado por el nuevo presidente de la institución, el magistrado Danilo Rojas.

Uno de los principales cambios se concretará en marzo de 2027, cuando la entidad entregue el edificio que actualmente ocupa, de 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a una infraestructura de 4.200 metros cuadrados. La medida, según explicó Rojas, permitirá reducir los costos en aproximadamente 26.000 millones de pesos al año, mediante un modelo de trabajo virtual y rotativo.

La reorganización también contempla recortar los esquemas de protección de magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo. A esto se sumará la modificación de los dispositivos de seguridad para víctimas, testigos y comparecientes, una decisión que representaría un ahorro estimado de 37.000 millones de pesos anuales. Se trata de uno de los puntos más delicados del plan, debido a las condiciones de riesgo que pueden enfrentar quienes intervienen en los procesos de justicia transicional.

En paralelo, la JEP disminuirá los contratos de prestación de servicios para reducir sus compromisos administrativos. El conjunto de decisiones supone una transformación de su funcionamiento, con menos infraestructura física, mayor virtualidad y una reorganización de los recursos humanos y logísticos.

El reto para la nueva presidencia será demostrar que la austeridad no compromete la independencia, la seguridad y la capacidad operativa de la jurisdicción. La reducción de gastos deberá ir acompañada de garantías para que las investigaciones, las audiencias y los procesos de reparación a las víctimas continúen desarrollándose sin obstáculos.