Cárceles colombianas: casi 19.000 internos en un sistema con capacidad para menos de 10.000
La sobreocupación de las cárceles colombianas sigue exponiendo las dificultades del Estado para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad. Durante una audiencia pública, el…
La sobreocupación de las cárceles colombianas sigue exponiendo las dificultades del Estado para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad. Durante una audiencia pública, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez informó que el hacinamiento se ubica en el 94,34 %, una cifra que evidencia la persistencia de la crisis, pese a la reducción frente a los niveles superiores al 134 % registrados hace tres años.
El panorama es especialmente evidente en los datos de capacidad y ocupación presentados por el magistrado. Mientras el sistema dispone de espacio para 9.686 personas, actualmente alberga a 18.824, lo que representa un exceso de 9.138 internos. Ibáñez calificó la situación como escandalosa y recordó que el indicador llegó a superar el 136 %. A esto se suma que las cárceles de Riohacha y Sabanas de San Ángel, cuyas obras arrancaron en 2016, todavía no han sido entregadas.
La audiencia también permitió escuchar las denuncias de quienes viven a diario las condiciones del sistema penitenciario. Desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, una interna habló de problemas de higiene y salud mental, además de asegurar que reciben alimentos crudos. Su frase, “Cumplir una condena no significa dejar de ser persona”, resumió el reclamo de quienes piden que la privación de la libertad no se traduzca en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Diana Patricia Giraldo, también recluida en El Buen Pastor, insistió en que la resocialización debe mantenerse incluso después de que las personas recuperen su libertad. Advirtió que quienes salen de prisión encuentran obstáculos para reincorporarse a la sociedad debido a los prejuicios y la estigmatización. Sus declaraciones ampliaron el debate más allá de las condiciones dentro de las cárceles y pusieron sobre la mesa la necesidad de crear oportunidades reales para evitar que la condena se prolongue, en la práctica, mediante la exclusión social.