Contraloría cuestiona ejecución de recursos para hospitales
Una nueva alerta sobre el manejo de los recursos públicos del sector salud puso bajo observación las inversiones destinadas a construir y mejorar hospitales en Colombia. La Contraloría General de la R…
Una nueva alerta sobre el manejo de los recursos públicos del sector salud puso bajo observación las inversiones destinadas a construir y mejorar hospitales en Colombia. La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Salud sobre posibles riesgos fiscales, luego de establecer que $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas permanecían pendientes de legalización al cierre del primer semestre de 2026.
En el seguimiento a 40 proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación de equipos médicos, financiados entre 2022 y 2025 con $1,03 billones, el organismo encontró que 22 iniciativas tenían retrasos o estaban suspendidas. Estas obras comprometen $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % de los recursos incluidos en la muestra.
La revisión también reveló que apenas el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados. El dato genera preocupación frente al ritmo de ejecución de las inversiones destinadas a ampliar y mejorar la capacidad de atención de los centros hospitalarios.
La Contraloría encontró, además, fallas en la planeación de las intervenciones, modificaciones de los proyectos, mayores cantidades de obra y actividades que no estaban contempladas en los diseños originales. Las insuficiencias presupuestales y las dificultades para rastrear el destino de los recursos también fueron identificadas como factores que podrían generar sobrecostos y nuevos retrasos.
Ante este panorama, el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, anunció que se mantendrá la vigilancia fiscal para prevenir la pérdida de dinero público. La entidad hizo énfasis en que las inversiones hospitalarias deben traducirse en infraestructura operativa y servicios médicos efectivos, pues la construcción de instalaciones por sí sola no garantiza mejores condiciones de atención para los ciudadanos.