Cuestionan presunto papel de Federico Arellano en Derechos Humanos del MinInterior sin nombramiento identificado

La exdirectora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Jomary Ortegón, y antiguos integrantes de esa dependencia cuestionan que Federico Arellano Mendoza, excompañero universitario del presidente Abelardo de la Espriella, estaría solicitando información y coordinando reuniones sin que se conozca un nombramiento o contrato que lo vincule. Según El Colombiano, que conoció mensajes de WhatsApp y testimonios, el Ministerio no ha aclarado la situación contractual o administrativa de Arellano ni qué autorización tendría.

De acuerdo con ese medio, el abogado estaría pidiendo datos, participando en reuniones y transmitiendo requerimientos a los equipos de trabajo de la Dirección. Hasta ahora no se ha identificado públicamente un nombramiento o un contrato que formalice su vinculación.

En uno de los chats internos, un funcionario preguntó si el director ya había asumido formalmente el cargo. La respuesta fue: “No, aún no”. El intercambio ocurrió después de que circulara una solicitud atribuida al “director designado” para recopilar información sobre las actividades en los territorios, que los equipos debían registrar en una matriz alojada en una plataforma del Ministerio. Según el reporte, no aparece una respuesta que precise quién autorizó recibir esos datos.

Los chats muestran además a Ruby Silva, quien, según las conversaciones, se presenta como asesora del director. Allí aparece convocando reuniones, coordinando cambios de agenda y pidiendo información sobre equipos, funciones, modalidades de vinculación, poblaciones atendidas, cronogramas e indicadores. El reporte aclara que los mensajes y testimonios no permiten establecer por sí solos el alcance formal de sus funciones ni si contaba con autorización institucional.

Ortegón, quien dirigió el área durante el último año del gobierno de Gustavo Petro, afirmó que antiguos integrantes de sus equipos le advirtieron sobre los requerimientos de Arellano y Silva. Cuestionó que se pida información, incluso sobre líderes de comunidades, sin que se explique el objeto ni la autoridad que respalda las solicitudes. Según su relato, los pedidos incluyen también datos sobre las funciones de los contratistas y las tareas de cada equipo.

La exdirectora señaló que la falta de claridad es delicada en una dependencia que trabaja con organizaciones sociales, líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos, y que depende de su confianza. Aclaró que salió de la entidad en buenos términos y que sus cuestionamientos no están relacionados con su renuncia.

En su cuenta de X, el 16 de octubre, Ortegón afirmó que Arellano “sigue actuando como Director de DDHH” sin nombramiento y que ya presentaron una queja disciplinaria. El Ministerio no ha respondido a esa afirmación en la información disponible.

Estudió Derecho con De la Espriella en la Universidad Sergio Arboleda. En su perfil de LinkedIn se presenta como docente universitario, conferencista y asesor de empresas, con experiencia en distintas áreas jurídicas, incluidos los derechos humanos. Según El Colombiano, también menciona experiencia relacionada con el Ministerio de Comercio durante el gobierno de Álvaro Uribe y con el expresidente Andrés Pastrana. Él mismo ha hablado de su cercanía con el presidente en columnas en KienyKe y en El País de Cali.

El País de España publicó que no se identificó un nombramiento ni contrato suyo en los sistemas oficiales SIGEP y SECOP. Ese medio reportó además que habría firmado como director una lista de asistencia a una reunión relacionada con el caso de la periodista Jineth Bedoya.

Los cuestionamientos coinciden con la decisión del Ministerio del Interior de terminar 557 contratos, que el ministro Rodrigo Lara presentó como parte de la política de austeridad. Según el ministro, la medida permitiría ahorrar cerca de 103.000 millones de pesos.

En la Dirección de Derechos Humanos, algunos contratistas recibieron un correo que anunciaba la terminación de sus vínculos en noviembre. Horas después llegó una corrección que adelantó la salida al 31 de octubre. Ortegón afirmó que la Dirección tenía cerca de 180 personas y que, según reportes de sus antiguos equipos, las terminaciones afectarían a cerca del 70 %. A su juicio, la medida podría constituir un acto de retaliación y discriminación, afirmación que corresponde a su apreciación.

Un derecho de petición pide suspender la terminación anticipada de uno de esos contratos y explicar sus fundamentos jurídicos, técnicos, administrativos y presupuestales. En sus comunicaciones, el Ministerio invocó la autonomía de la voluntad y el “desahucio de ley”. El escrito sostiene que el contrato incluía una cláusula de terminación unilateral sometida a la Ley 80 de 1993.

Consultado por El Colombiano sobre las terminaciones, el Ministerio defendió la medida como parte de su política de austeridad y dijo que conserva a quienes trabajan, además de reiterar el ahorro de 103.000 millones de pesos, que podrían destinarse a programas sociales. Según ese medio, la respuesta no detalló los criterios para escoger los contratos, no precisó cuántas terminaciones corresponden a la Dirección de Derechos Humanos y no aclaró la situación de Arellano ni qué autorización tendría para pedir información.