Decreto busca ordenar investigaciones por muertes en operativos

El Gobierno Nacional prepara una nueva regulación para establecer cómo deberán actuar las instituciones estatales cuando se registren fallecimientos durante operaciones de la Fuerza Pública. Aunque la propuesta busca fortalecer la coordinación institucional y definir obligaciones, todavía no resuelve varios aspectos relacionados con el control de las escenas y la protección de las evidencias.

El borrador establece responsabilidades para los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades departamentales y municipales. La intención es que las entidades involucradas cuenten con canales de comunicación que permitan atender oportunamente estos acontecimientos.

La iniciativa también establece que los integrantes de la Fuerza Pública deberán informar de manera inmediata a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial competente cuando tengan conocimiento de un fallecimiento relacionado con una operación legalmente ordenada. Esta obligación busca facilitar las investigaciones y garantizar que las autoridades judiciales conozcan oportunamente los hechos.

Pese a estas disposiciones, el proyecto todavía carece de instrucciones concretas sobre la preservación de los cadáveres y la protección de las escenas antes de la llegada de los funcionarios judiciales y forenses. Tampoco determina con claridad quién tendrá la responsabilidad de garantizar la cadena de custodia ni cómo se investigarán posibles alteraciones de las evidencias.

El decreto tendría una fase inicial de seis meses, con una revisión a los tres meses y un balance al finalizar su implementación. Sin embargo, su alcance dependerá de que se incorporen mecanismos claros de vigilancia, identificación de responsabilidades y sanciones frente a eventuales incumplimientos, aspectos que todavía no están suficientemente desarrollados en el borrador.