JEP le imputa crímenes de guerra a ex Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 11 antiguos comandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe. La decisión incluye a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Lisandro Alape, ‘Pastor Alape’, y se fundamenta en una investigación que recoge los testimonios de 733 víctimas del conflicto armado.

Además de los dos antiguos integrantes del secretariado, la imputación cobija a Erasmo Traslaviña, ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo, ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala, ‘Jairo Quintero’; Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando González’; Gilberto Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Oviedo, ‘Mañe’, y Héctor Hernández, ‘Fabio Borges’. Los señalados ejercieron responsabilidades de mando en las estructuras guerrilleras investigadas.

Entre los hechos documentados se encuentran el ataque con un ‘burro bomba’ durante la toma de Chalán, en Sucre, la masacre de Río Chiquito y atentados con explosivos en Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla. La investigación identificó patrones de violencia relacionados con la imposición de un control social y territorial, que afectó a comunidades campesinas, docentes, dirigentes políticos, líderes sociales, integrantes de comunidades religiosas y miembros de la Fuerza Pública.

La Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó a los comparecientes delitos como homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil, destrucción de bienes protegidos, tortura, tratos crueles, desaparición forzada y violencia sexual. Por la gravedad de estas conductas, la JEP las considera no amnistiables. La investigación también puso de relieve las dificultades que enfrentaron los procesos en la justicia ordinaria: más del 95 % no llegaron a juicio y más del 72 % seguían en indagación preliminar.

Los 11 excomandantes deberán pronunciarse antes del 8 de diciembre de 2026 sobre los hechos y las responsabilidades que les atribuye la jurisdicción. Si reconocen su responsabilidad y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, podrán recibir sanciones propias de carácter restaurativo; si rechazan la imputación, sus expedientes pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación para un eventual juicio, en el que podrían recibir hasta 20 años de prisión en caso de condena.