JEP pone contra las cuerdas al Gobierno por retiro de piezas del Museo Nacional
La JEP lanzó una nueva advertencia al Gobierno nacional por el retiro de piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez aseguró que el Ministerio de Cultura est…
La JEP lanzó una nueva advertencia al Gobierno nacional por el retiro de piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez aseguró que el Ministerio de Cultura está incumpliendo una orden judicial y advirtió que la situación podría derivar en sanciones, incluido el arresto de hasta cinco días para la persona que resulte responsable.
La discusión está relacionada con el traslado de elementos del museo ocurrido el 15 de octubre de 2026, una actuación que llevó a la jurisdicción a solicitar explicaciones para determinar si se estaban afectando los derechos de las víctimas del conflicto armado. Previamente, una decisión judicial había ordenado la restitución de las piezas retiradas, determinación que el Gobierno pretende impugnar.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Cultura argumentó que no ha sido vinculado directamente al trámite judicial y que, por consiguiente, las órdenes de la JEP no serían exigibles a esa cartera. También señaló que la información requerida ya había sido suministrada a otras autoridades, por lo que consideró que la jurisdicción podía acudir a esas instancias para obtenerla.
No obstante, el magistrado Sánchez respondió que el Ministerio sí está vinculado a las medidas cautelares nacionales sobre desaparición forzada y que, por tanto, tiene la obligación de entregar el informe solicitado. Según la JEP, las objeciones jurídicas de la cartera no la autorizan para apartarse unilateralmente de una orden judicial.
La jurisdicción reiteró el requerimiento y advirtió que, si continúa el incumplimiento, podrá abrir un trámite correccional conforme a la legislación vigente. Entre las medidas contempladas se encuentra el arresto inconmutable de hasta cinco días, que solo podría imponerse después de individualizar la responsabilidad y garantizar el derecho de defensa. El caso vuelve a enfrentar al Ejecutivo con una de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer los hechos relacionados con el conflicto armado.