María Isabel Urrutia, acusada por presuntas irregularidades en millonario convenio del Deporte
Un convenio interadministrativo que superó los 4.950 millones de pesos tiene a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró frente a una acusación formal de la Fiscalía General de la Nación. E…
Un convenio interadministrativo que superó los 4.950 millones de pesos tiene a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró frente a una acusación formal de la Fiscalía General de la Nación. El organismo investigador considera que durante la contratación para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios se habrían cometido irregularidades que podrían configurar dos delitos.
La acusación, presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala a Urrutia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El negocio jurídico fue suscrito con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022.
La herramienta que se pretendía implementar tenía como finalidad asociar la identificación de los aficionados con las boletas de ingreso a los estadios y verificar sus antecedentes, para restringir el acceso de personas que tuvieran alguna prohibición. Se trataba de una iniciativa relacionada con las disposiciones del Decreto 1622 de 2022.
Según la Fiscalía, el proceso habría omitido requisitos importantes de la contratación pública, entre ellos la realización de estudios de mercado y mecanismos para establecer los costos reales de las actividades previstas. También cuestiona que el convenio habría establecido condiciones para subcontratar a una particular cuya participación, presuntamente, ya habría sido acordada antes de la firma.
La investigación agrega que funcionarios técnicos y jurídicos del Ministerio del Deporte habrían advertido sobre posibles problemas legales en el procedimiento, pero esas observaciones no habrían sido atendidas por la entonces ministra. Asimismo, se cuestiona el contenido de los estudios previos y del acto administrativo que justificó la contratación. La acusación abre una nueva etapa judicial en la que deberán examinarse las pruebas y determinarse si existe responsabilidad penal.