Proyecto anticapuchas supera primer filtro legislativo

La iniciativa que busca castigar con cárcel a quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas superó su primer debate en la Cámara de Representantes. La Comisión Primera aprobó el Proyecto de Ley Anticapuchas con 20 votos favorables y dos en contra, en medio de cuestionamientos de congresistas del Pacto Histórico sobre sus posibles consecuencias para el ejercicio de la protesta social.

El proyecto, promovido por el representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, establece la creación de un nuevo delito denominado «acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad». El articulado, compuesto por cuatro disposiciones, también contempla modificaciones al artículo 353A de la Ley 599 de 2000, relacionado con las obstrucciones a las vías públicas que afectan el orden público.

Antes de la votación definitiva, el representante Daniel Monroy presentó una proposición para archivar la iniciativa, pero esta fue derrotada por 21 votos contra 15. La representante Laura Beltrán también expresó su oposición al proyecto y sostuvo que podría utilizarse para criminalizar la protesta social, una de las principales preocupaciones planteadas durante la discusión.

La propuesta considera ocultamiento de identidad el uso intencional de máscaras, pasamontañas, prendas y otros elementos que impidan o dificulten identificar a una persona mientras comete actos vandálicos en el contexto de manifestaciones. El alcance de esta definición será uno de los aspectos centrales de la discusión legislativa, especialmente por sus posibles efectos sobre quienes utilizan elementos para cubrirse el rostro durante las movilizaciones.

En materia penal, el proyecto establece condenas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en la conducta descrita. Ahora, la iniciativa pasará a segundo debate en la plenaria de la Cámara, con Arizabaleta como ponente, antes de continuar el trámite requerido para convertirse en ley.