'Revolcón' presidencial en el FOMAG
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el fin del contrato de fiducia mercantil entre el FOMAG y Fiduprevisora, una relación contractual de 36 años que llegó a su vencimiento el pasado 31 de o…
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el fin del contrato de fiducia mercantil entre el FOMAG y Fiduprevisora, una relación contractual de 36 años que llegó a su vencimiento el pasado 31 de octubre. La decisión fue acompañada de señalamientos sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la salud y las prestaciones sociales de los maestros.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que encontró un patrimonio negativo superior a los 3,1 billones de pesos, problemas en la atención médica y retrasos en los pagos. También denunció la presunta existencia de cuotas políticas y repartos económicos que habrían beneficiado a políticos, abogados y contratistas vinculados con la administración del Fondo.
Ante este panorama, el Gobierno ordenó una auditoría forense que tendrá como objetivo examinar el contrato y sus 43 otrosíes, así como esclarecer el destino de los recursos. Los posibles hallazgos serán remitidos a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para que adelanten las investigaciones correspondientes y establezcan eventuales responsabilidades.
La terminación del contrato no implica una suspensión inmediata de las operaciones de Fiduprevisora. Por el contrario, se estableció un periodo de transición de un año, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses, durante el cual deberán mantenerse la atención médica, los tratamientos en curso, la entrega de medicamentos y el reconocimiento de las prestaciones económicas de los afiliados.
El Gobierno anunció que durante esta etapa se evaluará e implementará un nuevo esquema de administración y prestación de los servicios del FOMAG. El reto será garantizar que los recursos del magisterio se traduzcan efectivamente en atención oportuna y mejores condiciones para los docentes, mientras las autoridades determinan si las denuncias sobre presuntas irregularidades tienen sustento y quiénes serían los responsables.