Sin rastro de Iván Márquez y otros seis jefes disidentes por el caso Miguel Uribe
Las autoridades colombianas no han conseguido establecer el paradero de siete presuntos cabecillas de la Segunda Marquetalia investigados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ante las dificultade…
Las autoridades colombianas no han conseguido establecer el paradero de siete presuntos cabecillas de la Segunda Marquetalia investigados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ante las dificultades para hacer efectivas las órdenes de captura, el Juzgado 131 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó la publicación de edictos para emplazarlos formalmente.
La medida cobija a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, conocido como Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.
En la audiencia, la fiscal Elsa Reyes detalló que la Fiscalía y la Policía Judicial han consultado diferentes registros y bases de datos para encontrar información que permita ubicar a los investigados. Las búsquedas incluyen entidades financieras, compañías de telefonía, organismos públicos, EPS y empresas privadas. También se han difundido las órdenes de captura y se mantiene una recompensa por información que conduzca a su detención.
La funcionaria explicó que algunos reportes apuntan a que los señalados podrían encontrarse en zonas rurales de frontera o fuera del país, especialmente en Venezuela. No obstante, aclaró que las autoridades no han podido confirmar su ubicación y que las labores de búsqueda deberán continuar de manera permanente, con informes de seguimiento cada seis meses.
El emplazamiento representa un nuevo paso para intentar que los investigados se presenten ante la justicia. Una vez se cumplan las etapas correspondientes, si no comparecen, podrá tramitarse su eventual declaración como personas ausentes. Los representantes de las víctimas respaldaron la decisión y señalaron que el proceso debe avanzar frente a la gravedad de los hechos investigados.