Ley de Sometimiento avanza...a la carrera

Entre advertencias de posibles vicios de procedimiento, votaciones reabiertas y cuestionamientos de la oposición, la Cámara de Representantes avanzó en el segundo debate de la Ley de Sometimiento, una de las iniciativas prioritarias del Gobierno de Abelardo De La Espriella. La sesión del lunes 2 de noviembre se extendió durante casi siete horas y fue suspendida cerca de la medianoche.

La propuesta busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997 para establecer las condiciones bajo las cuales organizaciones armadas ilegales podrían someterse a la justicia. Con esta iniciativa, la administración pretende reemplazar el esquema de negociación de la Paz Total por mecanismos de sometimiento judicial, una modificación sustancial en la política de seguridad y orden público del país.

El primer resultado importante de la jornada fue el rechazo de la ponencia de archivo presentada por el Pacto Histórico, con 102 votos por el No y 47 por el Sí, según el reporte de la sesión. Posteriormente, la discusión se trasladó al informe favorable, cuya votación estuvo rodeada de cuestionamientos por la falta de sustentación del ponente Daniel Briceño y la ausencia de deliberación previa, según denunciaron varios representantes.

La situación obligó a reabrir la votación después de que congresistas advirtieran sobre posibles irregularidades que podrían comprometer la constitucionalidad del trámite. Aunque inicialmente el informe había recibido 90 votos a favor y 44 en contra, el resultado definitivo fue de 99 votos positivos y 39 negativos. La decisión de repetir la votación también fue cuestionada por algunos parlamentarios.

Con el informe de ponencia aprobado, el proyecto continuará su recorrido en la plenaria, donde todavía debe resolverse la discusión de buena parte de sus artículos. Durante la sesión solamente se avanzó en la aprobación de los artículos 5 y 14 en los términos presentados. La discusión se retomará este martes 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana, en medio de la presión del Gobierno para completar el trámite antes del vencimiento de la Ley de Orden Público.