Mineducación pide a Presidencia derogar la política nacional de educación sexual y derechos reproductivos

El Ministerio de Educación solicitó a la Presidencia de la República adelantar “acciones urgentes” para derogar la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, y “contener sus efectos”. La petición consta en un oficio del 21 de septiembre, firmado por la ministra Ilva Myriam Hoyos y dirigido al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González.

La resolución fue expedida por el Gobierno de Gustavo Petro en sus últimos días. Involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, y busca, entre otras cosas, que los colegios incorporen de forma transversal la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos en sus contenidos académicos, con metas hasta 2035.

Según el oficio, la resolución no es solo un instrumento técnico de coordinación entre sectores, sino que incorpora una concepción determinada de la sexualidad, el género y los derechos reproductivos. Además, ordena llevarla a los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación docente y los planes territoriales. El Ministerio resalta que fija como objetivo la transformación de normas sociales y de género.

La entidad afirma tener “serios cuestionamientos constitucionales y legales” sobre el acto. Entre ellos menciona los siguientes:

Si la ley habilita imponer obligaciones curriculares y pedagógicas mediante una resolución.
La posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos.
El uso de una resolución administrativa para proyectar obligaciones hasta 2035, con base en el ciclo de planeación 2022-2026.
La falta de una identificación suficiente de apropiaciones, fuentes y competencias de gasto para los compromisos de planeación y financiación.
La mezcla, como fundamento del acto, de normas vinculantes con instrumentos y declaraciones de distinta naturaleza jurídica.

El Ministerio plantea dos medidas. La primera es revisar el acto administrativo con participación de los cuatro ministerios involucrados. La segunda es que, mientras se hace esa revisión, la Presidencia expida una directiva que ordene no implementar medidas relacionadas con la política e informar cuáles ya se han aplicado.

La exministra de Educación Viviane Morales, quien antecedió a Hoyos, había anticipado esta petición con declaraciones sobre “erradicar la ideología de género” en los colegios y buscar que “se respete el sentido de los padres” en la formación de sus hijos.

A comienzos de octubre, el representante de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que “Colombia se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’”.

Queda por conocer si la Presidencia acoge la solicitud y si expide la directiva pedida.