Ley de sometimiento tiene ponencia positiva con cambios; primer debate empezaría la próxima semana

El proyecto de ley de sometimiento, que el Gobierno radicó el martes 13 de octubre con mensaje de urgencia, ya tiene ponencia positiva. Tres días después, 13 de los 16 congresistas que aparecen en la hoja de firmas respaldaron un informe que recomienda darle primer debate con modificaciones. El texto pasa ahora a una sesión conjunta de los senadores y representantes encargados del tema, en Bogotá, con la Ley de Orden Público próxima a vencerse el 4 de noviembre.

El proyecto lleva el número 433 de 2026 en la Cámara y 296 de 2026 en el Senado. Fue presentado por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara. De acuerdo con el proyecto, modifica y prorroga la Ley 418 de 1997 y ofrece a los grupos armados una salida para entregarse a la justicia sin mesas de negociación ni concesiones políticas. Los ponentes lo presentan como un paso de una política de paz de gobierno a una política de Estado.

Quién firmó

La ponencia está coordinada por los senadores Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Fabio Raúl Amín (Partido Liberal), y por los representantes Eimy Julieth Suárez (Cambio Radical) y Daniel Briceño (Centro Democrático). También firmaron los senadores Manuel Virgüez (MIRA), Alfredo Deluque (Partido de la U), Santiago Barreto (Partido Conservador), José Nicolás Gómez (Cambio Radical) y Jonathan Pulido (Alianza Verde). Por la Cámara firmaron Martha Isabel Ruiz (Primero Córdoba), Guillermo León Blanco (Partido Conservador), Astrid Sánchez Montes de Oca (Partido de la U) y James Mosquera (curul de paz de Chocó y Antioquia).

Tres casillas quedaron en blanco: las del senador Alex Flórez y el representante Jorge Augusto Palacio, ambos del Pacto Histórico, y la de la representante Alejandra Abasolo (Avancemos Nariño).

El calendario

La Ley de Orden Público, que desde 1997 permite a los gobiernos acercarse a grupos armados, nombrar representantes y ofrecer salidas jurídicas, vence el 4 de noviembre. El Congreso la ha renovado varias veces, la última en noviembre de 2022 con la ley que dio piso a la Paz Total. Según la ponencia, si no hay decisión antes de esa fecha, el Estado perdería herramientas que ha usado desde 1997.

Con el mensaje de urgencia, que permite el artículo 163 de la Constitución, los congresistas encargados discuten juntos el primer debate, y cada cámara tiene 30 días para decidir. La primera discusión conjunta empezaría la próxima semana. Luego el proyecto deberá pasar por las plenarias del Senado y de la Cámara.

Qué cambiaron los ponentes

Listas de integrantes: un grupo que quiera entregarse deberá llevar al Ministerio de Justicia una lista con sus integrantes, firmada por sus interlocutores. En la versión del Gobierno, la lista quedaba aceptada de buena fe desde el primer día. Ahora ningún nombre se aceptará hasta que la fuerza pública y la Fiscalía lo revisen, porque, según la ponencia, aparecer en un papel no prueba por sí solo la pertenencia al grupo.
Jefes: quienes tuvieron rol de mando no podrán sumar beneficios como rebajas, libertad condicional ni descuentos por trabajo. Esa suma quedará solo para la base. El texto del Gobierno ya contemplaba un piso de diez años de cárcel para los jefes.
Compras con recursos del Fonsecon: el Gobierno había propuesto que el Ministerio del Interior pudiera comprar sin publicar los documentos cuando hubiera reserva por seguridad. Los ponentes limitaron esa excepción a proyectos de la fuerza pública y exigieron cumplir el Estatuto General de Contratación.
Acción contra grupos fuera del proceso: los ponentes eliminaron una frase del texto original que aclaraba que la justicia y la fuerza pública seguirían actuando contra los grupos que no estuvieran en sometimiento.
Articulado: pasó de 22 a 28 artículos, aumento que, según la ponencia, es en su mayoría de orden.

Qué ofrece el proyecto

Según la ponencia, que cita datos del Ministerio de Justicia y de la fuerza pública, más de 28.800 personas armadas integran las estructuras que podrían acogerse a la ley. El proyecto descarta la negociación política, y los acercamientos para coordinar la entrega solo podrán hacerse a través de abogados.

Quienes se acojan podrían recibir una rebaja del 50 % de la pena si fueron integrantes rasos y del 30 % si ejercieron mando. El descuento dependerá de lo que aporten de forma verificable a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de su organización, incluida información sobre bienes ilegales, nexos políticos y corrupción. Para los rasos, la libertad condicional llegaría tras cumplir cuatro quintas partes de la pena, con informe del centro de reclusión y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y con concepto favorable de la víctima.

El Gobierno ha insistido en que esta ruta no trae los alivios discutidos durante la Paz Total. Al presentarla, el ministro de Justicia dijo en La FM: “No se suspenden órdenes de captura, no hay lugares de retención especiales”. Tampoco habrá suspensión de extradiciones, y quienes ya estén capturados antes de que la norma entre en vigor no podrán acogerse. El proyecto radicado deroga varios artículos de la Ley 2272 de 2022, base jurídica de la Paz Total, y propone una vigencia de diez años.