Relator de la ONU pide no tratar a carteles como terroristas; EE. UU. cuestiona su independencia

El relator especial de la ONU para la lucha antiterrorista, Ben Saul, advirtió en un informe que los Estados deben evitar calificar de terroristas a carteles y bandas criminales, y abstenerse de librar una “guerra contra el narcoterrorismo” que viole derechos humanos. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, respondió el jueves 22 de octubre que el relator socava la lucha contra esos grupos y puso en duda su independencia.

Según el comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, también del 22 de octubre, el informe sostiene que el terrorismo debería limitarse a la violencia política o ideológica y excluir al crimen organizado que actúa por lucro. Saul señala que la violencia criminal puede generar miedo o presionar a los gobiernos, pero que es un daño distinto y exige una respuesta jurídica diferente.

El relator afirma que las respuestas militarizadas al llamado narcoterrorismo han derivado en ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Añade que los estados de emergencia prolongados han restringido libertades como la de movimiento, asociación y expresión, así como los derechos de comunidades indígenas.

El comunicado indica que, según reportes, Estados Unidos habría asesinado ilegalmente a al menos 239 personas en 71 ataques militares contra embarcaciones civiles durante el último año, con el argumento de frenar el narcoterrorismo. Según Saul, esas muertes podrían constituir crímenes de lesa humanidad y los responsables deben rendir cuentas.

El informe advierte además que incluir a grupos criminales en listas de organizaciones terroristas puede acarrear congelamiento de activos, prohibiciones de viaje, deportaciones sumarias y devoluciones forzosas. De acuerdo con el relator, migrantes, organizaciones humanitarias, empresas y comunidades vulnerables pueden verse afectados por normas demasiado amplias sobre financiación del terrorismo.

La ONU ubica esta tendencia también en la iniciativa Escudo de las Américas, que según el comunicado involucra a 19 Estados.

En lugar de invocar leyes antiterroristas, Saul propone fortalecer los marcos contra el crimen organizado, la inteligencia financiera, la lucha anticorrupción, la cooperación internacional y el control de armas de uso militar. También plantea reducir los incentivos para vincularse a estos grupos mediante la reducción de la pobreza y más servicios públicos.

Para disminuir la demanda de drogas, el relator propone prevención, educación, salud pública y reducción de daños, además de la legalización de las drogas para quitarles ganancias a las organizaciones criminales.

Según Israel National News, Waltz dijo que el relator está “más preocupado por las vidas de los narcoterroristas” que por las comunidades afectadas por las drogas, el crimen y la migración ilegal. El embajador sostuvo que el Escudo de las Américas reúne a Estados Unidos y 14 socios regionales para combatir 24 organizaciones que describió como narcoterroristas.

Waltz también cuestionó la independencia del relator. Afirmó que su mandato recibió 150.000 dólares del gobierno de China y, de acuerdo con la misión estadounidense, los estados financieros de la ONU de 2024 registran ese aporte, canalizado por la Oficina de Derechos Humanos. Recordó además que Saul calificó como un asesinato por venganza la operación estadounidense que mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, y dijo que ahora pide investigar a autoridades civiles y militares de su país.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No son funcionarios del organismo, no reciben salario y sus opiniones no representan necesariamente las de la ONU, según aclara el propio comunicado.

En los textos consultados no aparece una respuesta del relator ni de la ONU a los señalamientos de Waltz.