Defensoría pide revisar nombramientos de personas con denuncias por presunta violencia de género

La Defensoría del Pueblo pidió este jueves 22 de octubre al Gobierno y a las entidades estatales revisar los nombramientos en altos cargos de personas vinculadas a denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres. Uno de los casos que mencionó es el de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, asesor del Ministerio de las Culturas, quien enfrenta un proceso penal que aún no tiene sentencia. 
Según el comunicado, estas decisiones pueden desincentivar las denuncias y debilitar la confianza institucional. La entidad insistió en que las violencias contra las mujeres “no son un asunto privado” y pidió coherencia entre las campañas de prevención del Estado y las decisiones sobre quién ocupa cargos públicos. 
La Defensoría se refirió a tres nombramientos o posibles vinculaciones:
•    Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Según el comunicado, enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante su trabajo diplomático en Chile. infobae
•    Eduardo Zapateiro, general (r), por su posible vinculación a Ecopetrol, quien, según la Defensoría, enfrenta un proceso por presunto acoso sexual.
•    Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos, contra quien se presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, de acuerdo con la entidad.
Se trata de denuncias y procesos en curso, no de condenas.
El organismo reconoció que debe respetarse la presunción de inocencia, pero señaló que eso no exime al Estado de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad. 
Hizo dos solicitudes formales. La primera es revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas. La segunda es establecer criterios claros, públicos y consistentes. Estos deben considerar la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones judiciales, las características del cargo, los conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.
La entidad recordó que estas violencias pueden afectar la salud mental, la autonomía, la seguridad y los proyectos de vida de las mujeres.